Debido a los temas burocráticos, este Centro de Sanciones Administrativas que se construyó en 2022, sigue sin funcionar por falta de publicar su reglamento
Los problemas burocráticos y mostrando la falta de coordinación de las autoridades, ha sido la respuesta del porqué el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como “El Torito”, no se pueda utilizar hasta el momento, pese a que se terminó de construir en agosto de 2022.
Este lugar conocido como “El Torito” no ha podido ser abierto por la falta de un nuevo marco normativo el principal obstáculo para ponerlo en funcionamiento, pese estar listo para comenzar a operar.
El Poder Legislativo aprobó en el mes de diciembre las reformas a las leyes de tránsito estatales para establecer las sanciones para conductores ebrios con arrestos de hasta 36 horas y multas de hasta 240 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Posterior a estos informes, se dio a conocer que los diputados locales votaron a favor de las nuevas disposiciones, el titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV), Oswaldo Caldera Murillo dio a conocer que previo al arranque de este centro, se haría una campaña de socialización, la cual arrancó, pero no existe fecha para entrar en funcionamiento, ya que faltan diversos trámites legales que están por concretarse.
Parte esencial para entrar en vigor es que se publique en el periódico oficial para darle a la siguiente etapa que es la de la reforma del reglamento interno y ya estar en condiciones de arrancarlo, por lo que se espera que en poco tiempo entre en funcionamiento “El Torio”.
Es importante que los ciudadanos se informen y conozcan que por decreto aprobado por el Poder Legislativo del Estado, los infractores podrían conmutar el arresto de entre ocho y 36 horas, por multas de entre 120 y 240 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de entre 13 mil y 26 mil pesos.
Recordar que se estableció que la única causa principal de ingreso al “Torito” será “el estado de ebriedad completo y evidente de algún conductor, tanto de vehículos privados como de unidades del transporte público”.
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