Por primera ocasión en su historia, en un hecho sin precedentes en la región, la dependencia pide disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas
En un hecho inédito y por primera ocasión en la historia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas emitió su primera disculpa pública por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los procesos de búsqueda e investigación relacionados con la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez.
Hay que señalar que la Fiscalía de Zacatecas reconoció su responsabilidad por no cumplir adecuadamente su labor y por las omisiones en las acciones encaminadas a la localización de Dalia y Luis y la investigación del caso desde 14 años, se desconoce el paradero de estas personas, quienes fueron vistos vistos por última vez el 30 de septiembre de 2010 en el municipio de Calera de Víctor Rosales.
Ante la labor y esfuerzos que realizó la señora Natividad Guerrero, madre de Dalia, lo que llevó a la emisión de la recomendación 167/2023 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 31 de agosto de 2023.
Es por ello y ante las recomendaciones de la CNDH, el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya ofreció una disculpa pública e institucional a Dalia Guadalupe Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, y Bernardo Sereno Vilchis, en su calidad de víctimas directas.
Disculpas que también se extendió a la las personas Natividad Guerrero Serrano, Ernesto Cruz Moreno, Ramón Enciso García, Fidel Serrano Sandoval, María Jesús Vilchis Cardozo, Rosalina Michell Serrano Chávez y Azucena Serrano Chávez, al ser todos ellos víctimas indirectas.
En estas palabras del fiscal reconoció que los encargados de la investigación debieron realizar acciones oportunas y efectivas, como la búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia, lo cual no se llevó a cabo.
Admitió que hubo momentos de inactividad que resultaron en la pérdida de evidencia esencial, como fueron los registros telefónicos, así como la tardanza o demora en el reconocimiento de las víctimas indirectas.
Sin embargo, pese a la disculpa del fiscal, Camacho Osnaya declaró que “rechazamos el actuar de los funcionarios, pues ellos fueron quienes cometieron las vulneraciones fundamentales de las víctimas directas e indirectas. Como titular de la institución, les ofrezco una sincera y respetuosa disculpa”.
Por su parte, la madre de Dalia y suegra de Luis Ramón señaló que si las instituciones gubernamentales no hubieran sido insensibles y omisas, no se estaría padeciendo esta tragedia y apuntó que ella y su familia se acercaron a las autoridades de zacatecas y Guadalajara, pero solo recibió malos tratos.
La madre de la hoy desaparecida dijo que “me siento contenta y, por otro lado, triste, pues ha sido un largo camino, pero se logra un gran avance. Me dijeron que no iban a buscar a mis familiares porque había pasado mucho tiempo. ¿Cómo explicar a un niño de tres años que sus padres desaparecieron?”.
Hay que señalar que la búsqueda de estas personas continúa, y al ser un delito grave se deben agotar todas las líneas de investigación y ahora esta investigación está bajo los tres órdenes de gobierno y ahora sí, después de todos los años de ausencia hay una comunicación directa con la familia.
Es importante señalar que la recomendación que dio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) instó a las Fiscalías de Zacatecas y Jalisco a reconocer su responsabilidad por las omisiones que derivaron en violaciones a los derechos humanos, en donde además pide la reapertura de la investigación así como la creación de un mecanismo de comunicación con las familias de las personas desaparecidas, procesos de responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios públicos.
Además la CNDH solicitó el establecimiento de becas o programas similares para garantizar la educación de los hijos e hijas de las personas desaparecidas y el reconocimiento de las necesidades de los niños y adolescentes afectados por la desaparición de sus padres, acciones que deberán aplicarse de manera inmediata.
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