El Poder Judicial del Estado de Zacatecas enfrenta un creciente rezago en la atención y resolución de casos, situación que se acentúa por la limitada disponibilidad de recursos humanos y presupuestales. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E), al cierre de 2024 permanecían pendientes de concluir 11 mil 894 causas penales.
Durante el año anterior ingresaron cuatro mil 258 nuevos asuntos penales, mientras que se lograron determinar o concluir cinco mil 145. En este mismo periodo se dictaron 945 sentencias condenatorias, principalmente contra hombres, y 114 sentencias absolutorias. Asimismo, se reportaron 384 personas procesadas, de las cuales 231 fueron vinculadas a proceso, mientras que 153 correspondieron al sistema de justicia para adolescentes.
El diagnóstico nacional también ubica al Poder Judicial de Zacatecas entre los que cuentan con menor capacidad operativa. En 2023, ejerció un presupuesto de 656 millones de pesos, cifra que se encuentra entre las seis más bajas del país. A ello se suma la escasez de personal: únicamente 11 magistraturas y 109 juzgadores en funciones, además de mil 147 trabajadoras y trabajadores en total, por debajo de entidades vecinas como Aguascalientes, Durango y San Luis Potosí.
La carga de trabajo tampoco se limita al ámbito penal. En 2024 ingresaron 22 mil 769 nuevos asuntos de diversas materias, de los cuales se resolvieron 19 mil 639. En ese periodo se publicaron 14 mil 268 sentencias: seis mil 110 en materia familiar, tres mil 618 penales, dos mil 953 civiles, mil 80 mercantiles y 212 laborales. En justicia para adolescentes se emitieron 230 resoluciones, la cifra más alta registrada a nivel nacional.
Por su parte, el Vigésimo Tercer Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Zacatecas registró 217 causas penales durante 2024, ubicándose entre los diez distritos con menor número de expedientes en el país.
Los datos expuestos reflejan que la capacidad institucional del Poder Judicial zacatecano continúa siendo insuficiente frente a la demanda creciente de servicios judiciales, lo que dificulta el acceso a la justicia en condiciones oportunas y equitativas.
