Productores agrícolas de Zacatecas han promovido al menos 50 amparos en contra de la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que persisten dudas e imprecisiones en diversos artículos que impactan directamente en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico en el sector rural.
De acuerdo con representantes de organizaciones campesinas, los recursos legales se interpusieron pese a la reunión informativa realizada el pasado 18 de diciembre por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que la dependencia federal aseguró haber atendido las inquietudes de los productores. Sin embargo, señalaron que la reforma no garantiza plenamente los derechos relacionados con sucesiones, transmisiones y operaciones de compra-venta de concesiones de agua.
El representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Alberto de Santiago Murillo, explicó que, aunque la ley contempla la posibilidad de reponer o relocalizar pozos cuando estos presentan abatimiento, la decisión queda sujeta a la valoración técnica de la Conagua, lo que —afirmó— genera incertidumbre jurídica para los usuarios del agua.
Indicó que esta discrecionalidad motiva la presentación de amparos, al considerar que las determinaciones deben sustentarse en criterios técnicos claros y legalmente verificables, y no en supuestos que podrían dejar en estado de indefensión a los productores ante la autoridad.
Asimismo, advirtió que algunos conceptos de la nueva legislación, vigente desde el 12 de diciembre, no se encuentran debidamente definidos, lo que, a su juicio, representa una posible vulneración al derecho fundamental de acceso y uso del agua para actividades productivas.
El dirigente campesino adelantó que el número de amparos podría incrementarse, ya que con la reforma la autorización para realizar obras hidráulicas ya no recaería exclusivamente en la Conagua, sino que podría ser determinada por un juez mediante mandato judicial.
Finalmente, informó que el próximo 12 de enero de 2026 se retomarán las mesas de diálogo en la Ciudad de México con legisladores de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, así como con representantes de dependencias federales, con el objetivo de revisar los puntos observados de la ley y alcanzar acuerdos que eviten nuevas movilizaciones y mayores afectaciones tanto al sector campesino como a la población en general.
