Ante el aumento de conflictos dentro de las comunidades escolares, el secretario general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Filiberto Frausto Orozco, solicitó al Congreso de Zacatecas impulsar medidas legales que protejan a los docentes frente a denuncias falsas y garanticen sus derechos durante cualquier proceso de investigación.
Durante su participación en el foro de análisis “Fortalecimiento de la iniciativa para la protección de la comunidad escolar”, convocado por la LXV Legislatura estatal, el dirigente sindical planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan preservar la presunción de inocencia y el debido proceso para los trabajadores de la educación.
Frausto Orozco señaló que también deben generarse condiciones que fortalezcan la convivencia dentro de las escuelas y favorezcan una relación más cercana entre profesores, madres y padres de familia, así como estudiantes.
Uno de los principales riesgos, advirtió, es el distanciamiento que se ha generado entre docentes y familias, situación que calificó como un fenómeno “silencioso y dañino” que puede desencadenar conflictos y afectar la dinámica de los planteles.
A su consideración, los protocolos de convivencia escolar y el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes deben aplicarse correctamente y no convertirse en herramientas utilizadas para perjudicar injustamente a integrantes del personal educativo.
Como ejemplo, recordó el caso de una docente de un preescolar de San Juan del Río, Querétaro, quien fue acusada por padres de familia y enfrentó señalamientos por presunta violencia de género y maltrato a menores, situación que incluso derivó en una detención temporal.
Posteriormente, explicó, las inconsistencias encontradas en las pruebas llevaron a un juez a anular el proceso y declarar inocente a la maestra. Sin embargo, el dirigente destacó que durante un periodo prolongado tuvo que enfrentar las consecuencias personales y profesionales de las acusaciones.
En Zacatecas, aunque reconoció que no se han presentado situaciones de la misma gravedad, indicó que existen antecedentes en dos escuelas secundarias, una ubicada en Fresnillo y otra en la capital, donde docentes han visto comprometidas su integridad o libertad.
El líder sindical consideró que estos casos evidencian la vulnerabilidad del personal educativo frente a denuncias falsas, amenazas, agresiones y accidentes que, en ocasiones, están fuera de su capacidad de prevención.
No obstante, aclaró que la propuesta sindical no pretende generar impunidad para ningún integrante de la comunidad escolar. Quien incurra en una conducta que cause daño, afirmó, debe asumir las consecuencias correspondientes, independientemente de su cargo o función.
Como parte de su planteamiento ante los legisladores, Frausto Orozco presentó una propuesta de estrategia legislativa integral sustentada en tres ejes: prevención, formación y sanción.
En materia preventiva, propuso revisar los protocolos aplicados en los planteles y aprovechar espacios como los consejos escolares y talleres intensivos para abordar de manera permanente la convivencia y la resolución de conflictos.
También planteó establecer en cada escuela una comisión de conciliación integrada por facilitadores, delegados, el representante sindical y el director del plantel, con la finalidad de atender y resolver oportunamente las diferencias que surjan dentro de la comunidad educativa.
Respecto a la formación, propuso impulsar el análisis colectivo de materiales bibliográficos y biográficos provenientes de distintas disciplinas que permitan comprender mejor los conflictos y promover ambientes de respeto y armonía en las escuelas.
En cuanto al apartado de sanciones, planteó recurrir a mecanismos de justicia alternativa en aquellos casos que lleguen a la Fiscalía General de Justicia del Estado y que no correspondan a delitos graves.
Asimismo, sugirió que cada plantel construya de manera colectiva su reglamento escolar, con participación de autoridades educativas, docentes, madres y padres de familia y estudiantes, para que las reglas sean conocidas, vinculantes y respetadas por todos.
Entre las modificaciones propuestas también se encuentra una reforma al Código Penal para aumentar las sanciones contra quienes amenacen, intimiden o presenten acusaciones falsas en contra de trabajadores de la educación.
El planteamiento contempla además castigar el acoso mediante plataformas digitales y los llamados linchamientos mediáticos dirigidos contra personal educativo, así como sancionar las declaraciones falsas ante el Ministerio Público cuando tengan como objetivo incriminar a un docente.
Finalmente, el dirigente sindical pidió garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, además de evitar la separación anticipada del cargo de los docentes sujetos a una investigación, salvo en aquellos casos relacionados con delitos graves debidamente acreditados.
Frausto Orozco llamó a los diputados locales a analizar y aprobar a la brevedad una legislación en esta materia, al considerar que el problema ha aumentado durante los últimos meses y representa un desafío tanto para la educación como para la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
