La Junta de Protección de Monumentos ordenó detener la intervención del INAH al señalar que no recibió el proyecto ni autorizó los trabajos. La suspensión se mantendrá hasta que la propuesta sea presentada y revisada.
La intervención que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaba en la Catedral Basílica de Zacatecas quedó suspendida por determinación de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, debido a que la dependencia estatal no recibió la documentación del proyecto ni concedió el permiso correspondiente para ejecutar las obras.
Raquel Ciceley Toribio Rivas, directora general de la Junta, señaló que hasta ahora no existe claridad suficiente sobre el alcance de los trabajos que se desarrollan en el inmueble religioso. Por esta razón, explicó que las actividades deberán permanecer detenidas hasta que el instituto federal entregue formalmente la propuesta para su evaluación.
Aunque la Catedral Basílica está reconocida como monumento histórico de carácter federal y el INAH tiene atribuciones para intervenir en su conservación, la funcionaria sostuvo que también corresponde a la instancia estatal vigilar las obras realizadas dentro de la Zona Típica de Zacatecas, declarada como tal en 1965.
Toribio Rivas rechazó que la competencia federal sobre el edificio anule las facultades de la Junta. Argumentó que ambas instituciones deben atender las disposiciones legales que les corresponden y que la protección del inmueble no exime del cumplimiento de la normativa estatal.
La directora consideró que la omisión de presentar la solicitud podría estar relacionada con una confusión sobre las atribuciones de cada organismo. Sin embargo, insistió en que las intervenciones efectuadas dentro de la zona protegida deben ajustarse también a las disposiciones locales en materia de conservación patrimonial.
Junta espera el proyecto y advierte posibles sanciones
Mientras continúa la suspensión, la dependencia estatal permanece a la espera de recibir el expediente técnico para analizar las características de la intervención y determinar si procede otorgar la autorización. La funcionaria estimó que la documentación podría entregarse durante esta semana, aunque aclaró que los trabajos no podrán reanudarse mientras no se atiendan los requisitos correspondientes.
La advertencia incluye posibles consecuencias económicas si las labores continúan sin el permiso de la Junta. Toribio Rivas afirmó que la legislación estatal contempla sanciones para las instituciones o personas responsables de ejecutar obras sin autorización, independientemente de que pertenezcan al ámbito municipal, estatal o federal.
De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, las multas pueden alcanzar hasta 180 mil pesos por metro cuadrado de fachada durante el periodo en que se realicen los trabajos, conforme a las circunstancias del caso y a las disposiciones aplicables.
La titular de la dependencia reiteró que estas medidas pueden hacerse efectivas incluso cuando la instancia responsable sea una autoridad federal, pues sostuvo que las atribuciones de la Junta en materia de protección de monumentos y zonas típicas deben ser respetadas.
Más allá de la suspensión, Toribio Rivas consideró necesario fortalecer la comunicación entre el INAH y la Junta para evitar diferencias administrativas en futuras intervenciones. Señaló que el objetivo debe ser garantizar el cumplimiento de las leyes de protección patrimonial y mantener una coordinación institucional que permita conservar los inmuebles históricos de Zacatecas.
Como ejemplo de colaboración, mencionó otros proyectos de rehabilitación desarrollados en el Centro Histórico, en los que participan la Junta, el INAH y la Secretaría de Obras Públicas (SOP). En esos casos, Obras Públicas se encarga de ejecutar las intervenciones, mientras que las otras instancias colaboran en la revisión de los aspectos normativos y en el seguimiento de las obras.
La funcionaria expresó su expectativa de que el caso de la Catedral Basílica permita mejorar la relación entre las dependencias involucradas y establecer procedimientos más claros para futuras intervenciones en el patrimonio histórico estatal.
