La investigación sobre el asesinato de 10 personas cuyos cuerpos fueron localizados en distintos puntos de Zacatecas continúa arrojando nuevos elementos. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que, de acuerdo con las indagatorias, ocho de las víctimas acudieron voluntariamente a una reunión convocada por presuntos integrantes de un grupo delictivo identificados por ellas mismas como “los señores”, horas antes de ser privadas de la vida.
El fiscal general, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que esta información fue obtenida mediante entrevistas con familiares, personas cercanas y análisis de telefonía. Precisó que las víctimas informaron previamente que asistirían a un encuentro con esas personas, lo que permitió establecer que mantenían comunicación directa con quienes posteriormente serían señalados como sus agresores, motivo por el cual no existían denuncias por desaparición o privación ilegal de la libertad.
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto indican que las reuniones fueron convocadas los días 16 y 17 de julio en la comunidad Buenavista de Trujillo, perteneciente al municipio de Fresnillo. Entre las víctimas se encontraban un exregidor de Durango, cinco empresarios vinculados comercialmente con el Ayuntamiento de Fresnillo y dos servidores públicos municipales, entre ellos el entonces secretario de Desarrollo Social y un integrante de Protección Civil. En total, siete de las víctimas mantenían algún tipo de relación laboral o empresarial con la administración municipal.
Durante la conferencia, el fiscal señaló que una de las principales líneas de investigación apunta al delito de extorsión. Incluso, afirmó que existen indicios de que dos empresarios presuntamente formaban parte de una red dedicada a esa actividad ilícita, aunque aclaró que no se descarta que algunas personas hubieran actuado bajo amenazas o algún tipo de coerción.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía mantiene bajo análisis más de 20 líneas telefónicas, de las cuales 15 corresponden al Ayuntamiento de Fresnillo. Además, derivado de los 17 cateos realizados, fueron asegurados y examinados 36 dispositivos electrónicos, entre teléfonos celulares, computadoras y equipos de videovigilancia, con el propósito de fortalecer las líneas de investigación.
Las autoridades también confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias de personas físicas relacionadas con el caso y solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar los movimientos financieros de diversas empresas, aunque sin ordenar el congelamiento de sus recursos para no afectar a sus trabajadores. Asimismo, fueron asegurados seis vehículos pertenecientes a las víctimas y otros dos automóviles que presuntamente fueron utilizados durante la comisión de los homicidios.
Respecto a las investigaciones sobre funcionarios públicos, Camacho Osnaya recordó que el alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, compareció en calidad de testigo junto con una funcionaria municipal. Indicó que la información proporcionada permitió abrir dos nuevas líneas de investigación, además de que continúan pendientes otras diligencias con personal del ayuntamiento.
En cuanto a los avances judiciales, la Fiscalía informó que tres de los siete detenidos considerados de alta relevancia ya fueron vinculados científicamente con el crimen mediante pruebas periciales. Se trata de Oswaldo Marcelino “N”, de 22 años; Leonel de Jesús “N”, originario de Sinaloa; y una adolescente de 16 años identificada como Dulce “N”, originaria de Jerez. En el vehículo asegurado durante su captura fue localizada sangre cuyo perfil genético corresponde a una de las víctimas, evidencia que sustentó las órdenes de aprehensión por homicidio doloso y el proceso de imputación correspondiente.
Los otros cuatro detenidos continúan bajo investigación por su presunta pertenencia al mismo grupo delictivo, mientras que otras siete personas fueron capturadas durante el operativo implementado tras el multihomicidio, por lo que las autoridades analizan si tuvieron alguna participación en los hechos.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que desde el 18 de julio permanece activo un operativo especial con la participación de 629 elementos estatales y federales, incluidos 380 militares. Como resultado de estas acciones se han realizado 17 cateos, la mayoría en presuntas casas de seguridad y puntos de operación criminal, donde fueron aseguradas armas, drogas, vehículos y equipo táctico.
Finalmente, el funcionario aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad ha provocado el repliegue de grupos delictivos hacia el estado de Durango. Además, anunció que continúa el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en municipios como Morelos, Jerez y Calera, al considerar que presuntamente eran utilizadas para labores de vigilancia clandestina o “halconeo”.
