El gobernador pidió a la Fiscalía estatal esclarecer si las empresas de los hermanos Hernández Casillas participaron en procesos electorales de la entidad y si existieron contratos irregulares o conflictos de interés.
Tras darse a conocer una investigación del Gobierno federal sobre una presunta red empresarial que concentró contratos para suministrar papelería y materiales electorales, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado indagar si este esquema también tuvo operaciones en territorio zacatecano.
El planteamiento del mandatario ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expusiera, durante su conferencia matutina, los resultados de las indagatorias realizadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. De acuerdo con su titular, Raquel Buenrostro, entre 2015 y 2023 un grupo de empresas consiguió adjudicaciones de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales, por un monto superior a los dos mil millones de pesos.
Mediante un posicionamiento oficial, Monreal Ávila manifestó su respaldo a las investigaciones federales y consideró necesario esclarecer tres aspectos en Zacatecas: si las compañías señaladas establecieron operaciones en el estado, si obtuvieron contratos relacionados con elecciones locales y si existieron posibles conflictos de interés o beneficios económicos indebidos.
Entre los nombres que aparecen en el expediente federal se encuentran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, identificados como figuras centrales de la estructura empresarial investigada. Ambos habrían trabajado en 1983 en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, donde coincidieron con Juan Carlos Padilla Aguilar, según los antecedentes expuestos por las autoridades federales.
La investigación también hace referencia a posibles relaciones políticas e institucionales con Guadalupe Acosta Naranjo y con los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, entre otras personas. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los mencionados ha sido acusado formalmente por estos hechos.
Al fijar su postura sobre el funcionamiento de las autoridades electorales, el gobernador sostuvo que la autonomía institucional debe mantenerse como una garantía fundamental de la democracia, pero aclaró que esta condición no representa una excepción a las obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Finalmente, el mandatario estatal pidió que la Fiscalía y las demás instancias competentes realicen las revisiones correspondientes dentro de sus facultades, a fin de determinar si las empresas señaladas tuvieron participación en los procesos electorales de Zacatecas y, en caso de encontrar irregularidades o conductas ilícitas, se establezcan las responsabilidades conforme a la ley.
