El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas enfrenta un serio rezago en la resolución de asuntos, situación que se ha visto acentuada tras la reciente reforma a la Ley del Servicio Civil aprobada el pasado 17 de julio. A esta problemática se suma la falta de uno de los tres magistrados que integran el órgano jurisdiccional, vacante que permanece sin cubrir desde marzo de 2024.
La ausencia del magistrado Jesús Bautista Capetillo, quien concluyó su encargo en esa fecha, ha generado una sobrecarga de trabajo en las ponencias restantes. Aunque la Legislatura del Estado emitió una convocatoria para designar a su sustituto, el propio exmagistrado promovió un amparo alegando violaciones a sus derechos, mismo que derivó en la suspensión definitiva del proceso de nombramiento.
Durante una sesión privada, la magistrada presidenta Marla Rivera Jáuregui subrayó que la falta de un integrante ha provocado un “incremento sensible en la carga de trabajo”, que se ha agravado con la entrada en vigor de la reforma laboral, la cual exige la presencia obligatoria de los magistrados en las audiencias del procedimiento ordinario.
Ante la prolongada ausencia del titular de la primera ponencia, el Pleno del Tribunal designó de manera provisional a la secretaria de estudio y cuenta, Marcela Sánchez Rodríguez, para ocupar el cargo mientras se resuelve la situación jurídica del magistrado saliente. El acuerdo fue avalado por la presidenta Rivera Jáuregui y el magistrado Juan Carlos Flores Solís, con la participación del secretario general de acuerdos, Glafiro Esparza Castillo.
De acuerdo con el artículo 156 de la Ley del Servicio Civil, cuando una magistratura permanezca vacante por más de quince días, los magistrados en funciones deben designar a un secretario de estudio y cuenta con mayor antigüedad para integrar el quórum del Pleno.
Cabe mencionar que Glafiro Esparza, quien anteriormente fungió como magistrado en funciones tras la salida de Bautista Capetillo, fue vinculado a proceso en septiembre de 2025 por presuntos delitos contra la administración de justicia, a raíz de una denuncia presentada por la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado ante la Fiscalía General de Justicia.
La falta de nombramientos definitivos y los recientes cambios normativos mantienen al Tribunal bajo una fuerte presión operativa, con un cúmulo de casos pendientes que continúa en aumento.
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