En medio de la polémica generada por el incendio que consumió instalaciones de Alimentación para el Bienestar en la capital, líderes del sector frijolero exigieron evitar la criminalización del movimiento campesino y pidieron esperar los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios sin sustento.
De acuerdo con versiones oficiales, el siniestro habría sido provocado por la quema de llantas durante una protesta realizada el martes por productores que tomaron las instalaciones y bloquearon la carretera federal 45, lo que derivó en la propagación del fuego hacia los almacenes.
Ante estos señalamientos, el alcalde de Sombrerete y dirigente frijolero, Ramiro Hinojoza Aguayo, calificó el hecho como “lamentable a todas luces”, pero advirtió que sería grave responsabilizar de forma directa a los agricultores sin pruebas concluyentes, al insistir en que el sector se caracteriza por el trabajo en el campo, no por acciones violentas.
Asimismo, subrayó la importancia de no emitir acusaciones apresuradas, ya que ello podría derivar en la estigmatización de todo el movimiento frijolero, lo que afectaría la legitimidad de sus demandas.
Por su parte, el también líder Fernando Galván Martínez se deslindó del incendio al precisar que su grupo se manifestó en el Congreso local, y no en las instalaciones afectadas; sin embargo, coincidió en la necesidad de esclarecer los hechos mediante investigaciones imparciales.
En ese contexto, Galván Martínez criticó que se pretenda responsabilizar a los productores ante las deficiencias en la operación de los centros de acopio, situación que —aseguró— ha generado inconformidad entre campesinos por la falta de organización y transparencia.
Advirtió además que, tras el siniestro, existe el riesgo de que las autoridades utilicen el hecho como argumento para restringir o cerrar centros de acopio, lo que agravaría la crisis que enfrenta el sector frijolero.
Aunado a ello, denunció irregularidades en el proceso de recepción de documentación para acceder al acopio de las 10 mil toneladas adicionales, señalando la presencia de intermediarios que acaparan los beneficios y dejan fuera a pequeños y medianos productores.
Como ejemplo, expuso que en Juan Aldama agricultores reportaron la negativa de entrega de documentos para acceder a apoyos, además de listas previamente definidas que excluyeron a quienes esperaron durante horas, incluso desde la madrugada.
En contraste, Hinojoza Aguayo sostuvo que el incendio no debería afectar la ampliación del programa de acopio, al señalar que la bodega siniestrada estaba destinada principalmente a funciones administrativas, por lo que el almacenamiento de frijol no se vería comprometido.
Bajo esta perspectiva, reiteró que el programa continúa operando conforme a lo previsto, incluida la ampliación anunciada, por lo que llamó a evitar generar alarma entre los productores.
No obstante, reconoció que existen fallas en la implementación de los programas de acopio, las cuales deben corregirse sin politizar el conflicto, dado que estos esquemas siguen siendo fundamentales para el sustento del campo.
En un llamado a la unidad, el edil enfatizó que las necesidades del sector deben prevalecer por encima de intereses partidistas, al advertir que la confrontación debilita las demandas legítimas de los agricultores.
En coincidencia, ambos líderes señalaron que el incendio no contribuye a resolver la problemática del acopio y, por el contrario, podría incrementar la tensión, por lo que insistieron en la necesidad de investigaciones transparentes que no se utilicen para desacreditar al movimiento.
Por otra parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reprobó los hechos que derivaron en el incendio de los almacenes ubicados en la colonia La Escondida, al considerar que dañan la infraestructura pública y afectan la distribución de alimentos en zonas vulnerables.
Mediante un posicionamiento, la organización solicitó que las autoridades conduzcan las investigaciones bajo principios de verdad y justicia, identificando tanto a los responsables materiales como intelectuales, al tiempo que reiteró su respaldo a las demandas pacíficas de los productores.
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República ya investiga el caso y que se dará seguimiento puntual para deslindar responsabilidades conforme a la ley.
Además, destacó que el programa de acopio de frijol en Zacatecas ha registrado un crecimiento significativo, al duplicar la adquisición respecto al año anterior y ampliar su meta progresivamente hasta alcanzar más de 100 mil toneladas.
Finalmente, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, señaló que el incendio podría estar relacionado con la intervención de intermediarios que habrían radicalizado las protestas, aunque aclaró que será la investigación la que determine si existió dolo o si se trató de un accidente.
Pese a los daños en dos almacenes uno central y otro rural, las autoridades aseguraron que el abasto de productos básicos continúa mediante otros centros de distribución, aunque las pérdidas materiales podrían incrementarse conforme avancen las evaluaciones.
